martes, 10 de diciembre de 2013

Con Cospedal desaparece el servicio público de ayuda a los desempleados

Este artículo se ha publicado en El Diario Fenix
   La secretaria de la FSC en CCOO, 
   Carmen López y la secretaria de empleo
   de CCOO en CLM, Lola Santillana


Se privatiza parte del Servicio Público de empleo en Castilla-La Mancha, donde la cifra de parados en 2013 se acerca a 260.000.






El pasado 3 diciembre, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó la salida a concurso de la evaluación de la empleabilidad de los ciudadanos en paro de la región. La función de la empresa a la que le sea adjudicado el servicio será decidir, mediante la realización de cuestionarios online o entrevistas, la disposición a trabajar de los ciudadanos desemplados. El ente privado cobrará 1,2 millones de euros al año por este servicio.

Esta decisión, por parte del Gobierno de la región, supone sustituir a empleados públicos, orientadores laborales encargados del cómputo de los parados,  por  una empresa cuyo criterio para ello será el de seguir las directrices del Gobierno catellano-manchego.  De esos orientadores laborales,  188 ya fueron despedidos entre junio y diciembre de 2012, y otros 88 en enero de este año. La secretaria de empleo de CCOO en Castilla-La Mancha, Lola Santillana, ha dicho esta semana que está abierta la posibilidad de reincorporación de esos 88 trabajadores, a la espera de que los tribunales anulen sus ceses.

Además, sobre la iniciativa de Cospedal, ha dicho Santillana que, lejos de ayudar a los parados en su búsqueda de empleo, lo que pretende es  “introducir nuevos requisitos y mecanismos de cómputo para maquillar las cifras de personas en paro”. El número de desempleados en CLM ha alcanzado este mes de diciembre los 258.725. La secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC)  en CCOO, Carmen López, ha criticado por el mismo motivo esta nueva iniciativa privatizadora, la cual considera una muestra de abandono de competencias por parte del Gobierno de CLM.

Sobre las tendencias privatizadoras y el desmantelamiento de lo público que se está viendo en los últimos años, con la consiguiente pérdida de función social del Estado, el alcalde de Cuenca, Juan Ávila, considera que lo que falta es regulación. Porque no es nada nuevo que la derecha procure la externalización de servicios, “los conservadores siempre han seguido este modelo. Que los servicios públicos pasen por la iniciativa privada”.

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