<h3>La función social del Estado es nula en materia comunicativa</h3>

RTVV: de la utilización partidista y propagandista del PP a cerrar por motivos económicos

Este artículo se publicó en El Diario Fénix, digital activo hasta abril de 2017

Imagen de lamarea.com

Del cierre de RTVV lo que lamentamos todos es que, los que deberían ser medios autonómicos públicos, dejen su línea editorial al servicio de la propaganda política.

El establecimiento de la función social del Estado, como servicio público, determinó el intervencionismo estatal en los medios de comunicación como difusores, y también creadores, de cultura. Pero nos encontramos frente al problema que supone la sumisión del Estado ante  las necesidades del mercado; priman las medidas para atender a los intereses privados antes que al bien público. Según el catedrático de la UPV Ramón Zallo, está vigente en nuestra sociedad un cuarto modelo de política comunicativa, el “economicismo cultural”, que está siendo protagonista de la crisis de todos los servicios públicos.     

       

Este 29 de noviembre ha quedado marcado por uno de los episodios más dramáticos para el periodismo y la libertad de expresión de nuestra joven y decaída democracia. Con la presidencia de Zaplana, Camps y después Fabra, RTVV ha ido perdiendo sostenibilidad a causa de su utilización para fines propagandísticos, la consiguiente manipulación partidista y la mala gestión. Males que se han atajado sacrificando el único bien de la corporación: sus trabajadores. 

Tras conocer la declaración de nulidad del ERE, por parte del TS de la Comunitat Valenciana, el pasado 5 de noviembre el Gobierno valenciano comunicaba la decisión del cierre de RTVV. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, no tarda en excusarse diciendo que es la decisión “más difícil” que ha tenido que tomar durante su presidencia, pero que “los 40 millones necesarios para la readmisión de todos los trabajadores que se verían afectados por el ERE, los necesitamos para mantener servicios básicos de los ciudadanos; educación, sanidad y políticas sociales”. Estamos de acuerdo en que la calidad de un Estado democrático viene determinada por la calidad de sus servicios públicos, pero RTVV no se ha cerrado por favorecer ni la sanidad ni la educación.

El  25 de noviembre el comité de empresa de RTVV entregó al Consell una propuesta para su mantenimiento,  tomando medidas como sacrificios salariales y suspensiones temporales del empleo en lugar del drástico cierre, pero la propuesta fue rechazada y con los votos del PP se aprobó en pleno la supresión de RTVV. La noche del 29 de noviembre, los trabajadores, que seguían emitiendo por televisión, informaban de que ya se había cortado la emisión por radio y de que la policía estaba rodeando las instalaciones para llevar a cabo el apagón.

Más de 1.600 trabajadores lamentan el cierre de RTVV, por la pérdida de sus puestos de trabajo y por la desaparición del medio de comunicación público de los valencianos, que, como tal, debería representar su identidad cultural y sus intereses. Pero la realidad es que hace años que Canal 9 no cumple la función que le corresponde y no es el único medio autonómico que ha dejado su línea editorial al servicio de la propaganda política del gobierno de turno. Y eso es lo que lamentamos todos, que no existan servicios informativos públicos dirigidos a la ciudadanía.

En la UE, la norma más importante que regula la radiodifusión es “Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión”, de 2001 y revisada en 2009. Esta Comunicación se caracteriza por agudizar el control efectivo a nivel estatal sobre las normas, mediante una evaluación más transparente. Esto quiere decir que es necesario, por un lado, un control previo de los servicios que se van a poner en marcha y, por otro lado, la competencia del control le corresponde a los Estados miembros, a través de autoridades audiovisuales independientes.

Todos los países de Europa cuentan con estos organismos independientes, menos España; aunque Cataluña y Andalucía sí los tienen. El Gobierno debería asumir la responsabilidad de establecer mínimos de calidad, que indiquen qué programación es aceptada por acercarse al servicio público que exige una sociedad democrática. Con la aprobación de la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual, quedó derogada la Ley 46/1983, del Tercer Canal, que regulaba la legislación autonómica sobre radiotelevisión, de manera que cada Comunidad Autónoma pierde la legislación propia sobre su televisión, lo que abre las puertas a su privatización.

 Entre  2004 y 2010 se han dado importantes cambios normativos en materia de comunicación audiovisual. Las políticas de comunicación pasan de un enfoque de bien público a otro de privilegio del interés privado. Con la inclusión de la Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, en la LGCA, se establece un buen sistema público. Pero en 2009 la política audiovisual da un giro para favorecer a las privadas, concediéndose dos licencias de televisión analógica, para Cuatro y La Sexta,  cuando ya se hablaba de TDT.

Además, con la Ley 8/2009 de Financiación de RTVE, se obliga a la televisión pública a prescindir de la publicidad, mientras que las privadas superan los límites legales, prefiriendo hacer frente a las sanciones impuestas por ello. Aunque el no depender de anunciantes favorece el servicio público, si no se tiene una financiación adecuada, no se puede invertir en la calidad de la programación. De esta forma, existe el riesgo de que las privadas presionen al gobierno para que reduzca las  subvenciones a TVE, pues no quieren que el modelo público les reste audiencia, y entre ellas la competencia por la publicidad es muy fuerte.

Con la llegada del Partido Popular, se modificó por real decreto la norma de 2006, por la que se requería la mayoría de dos tercios del Congreso para la elección del presidente de RTVE; así el Gobierno colocó al actual presidente Leopoldo González Echenique.

La situación actual está reclamando una libertad real, asegurada por políticas de difusión cultural y de fomento de la creación. La UNESCO reconoció, en su Conferencia General de 2001, la diversidad como valor fundamental de la cultura, y para que se dé son necesarias políticas que faciliten la generación de contenidos comunicativos y culturales propios.