jueves, 19 de diciembre de 2013

La Comisión Europea propone un marco de calidad para los contratos de prácticas

 Este artículo se publicó en El Diario Fénixdigital activo hasta abril de 2017

Comisario de Empleo, Asuntos Sociales
e Incusión, László Andor
Un comunicado de la Comisión Europea, de 8 de noviembre de 2013, indica que existen grandes diferencias entre los Estados miembros en el ámbito del desempleo juvenil. En España, donde uno de cada dos jóvenes no encuentra trabajo, la tasa de desempleo es del 56,5%, la más alta después de Grecia, mientras que en Alemania es de un 7,7%.



Para paliar estas diferencias y garantizar una mayor calidad laboral para todos los jóvenes europeos, la UE ha impulsado la Garantía de la Juventud. Se trata de una reforma que persigue que en cada Estado miembro se adopten medidas enfocadas a combatir el desempleo juvenil. Esta reforma incluye también algunas directrices, referidas a las condiciones de trabajo en períodos de prácticas. El pasado 4 de diciembre, la CE publicó el comunicado en el que se indica el objetivo de la propuesta: desarrollar un marco de calidad que permita al becario una experiencia positiva, que amplíe sus posibilidades de encontrar empleo en su campo de especialización. Pero, para ello, cada Estado debe estar dispuesto a orientar su legislación hacia ese objetivo.

En teoría, la Garantía Juvenil pretende que todos los jóvenes, hasta 25 años, reciban una oferta de empleo adecuada a su formación, o un período de prácticas complementarias, en los cuatro meses posteriores al término de sus estudios. De esta forma se quiere mejorar “la transición del sistema educativo al mundo laboral”. Para que esto sea posible, se indica, es necesario acabar con la concepción de los períodos de prácticas, por parte de las empresas, como “alternativas de bajo coste a los puestos de trabajo regulares.” El comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, László Andor, defiende que, es “inaceptable que se utilice a algunos becarios como mano de obra barata o gratuita”,  por lo que “las directrices propuestas permitirían a los becarios adquirir una experiencia laboral de calidad en unas condiciones de trabajo dignas”.

La propuesta de calidad excluye los periodos de prácticas obligatorios

Entre las normas que buscan establecer ese marco de calidad común, se encuentra la de exigir a las empresas un convenio de prácticas por escrito, donde se indique, entre otras cosas, si el becario será remunerado por su trabajo en la empresa y si podrá afiliarse a la Seguridad Social. Pero la propuesta de calidad deja fuera los períodos de prácticas obligatorios, como los incluidos en la formación universitaria. Y a este matiz se acoge nuestro ministro de Educación, para evitar que los estudiantes en prácticas puedan cotizar a la Seguridad Social.

El pasado mes de agosto, el ministerio de Empleo anunció la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que, con fecha de 14 de mayo de 2013, declaraba nulo el Real Decreto que regulaba las prácticas académicas externas de los universitarios. Ese RD se anuló porque excluía la obligación  y derecho de afiliación y cotización a la Seguridad Social, para estudiantes que estuvieran realizando prácticas externas. Pero parece que retrocedemos, porque ahora mismo está pendiente de aprobación el proyecto de RD con el que el ministro Wert quiere volver a eliminar la posibilidad de cotización de los becarios. El ministro de Educación encuentra su justificación en el hecho de que las prácticas, aunque externas, están integradas en los planes de estudios.

De manera que, debemos tener en cuenta que la recomendación de la Comisión Europea va enfocada a disminuir la tasa de desempleo juvenil y mejorar las condiciones de los contratos de prácticas para los trabajadores. Pero no evita el posible abuso, que de hecho se está dando, por parte de las empresas que se dedican a emplear a jóvenes de forma gratuita, aprovechando sus períodos de prácticas académicas. Además de eso, no podemos olvidar que la calidad de los puestos de trabajo que se ofrecen a jóvenes ya titulados, dependerá de que nuestro Gobierno esté dispuesto a adaptar su legislación a las normas aprobadas por el Consejo de la UE.


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