viernes, 21 de febrero de 2014

Derechos Humanos: la lucha de muchos ante la indiferencia del Gobierno Rajoy

Los CIE, un destino inesperado y trágico para los extranjeros

Este artículo se publicó en El Diario Fénixdigital activo hasta abril de 2017
Muchas personas siguen intentando llegar a España con la
esperanza de luchar por una vida más justa.
Fuente: 20minutos.es
El Gobierno parece haberse propuesto llevar al límite el recorte de derechos de los inmigrantes, de los trabajadores, de los estafados por los bancos, de quienes tienen menos recursos para pagar las necesidades básicas…pero aquí hablaremos concretamente del trato a inmigrantes. ¿Qué les espera en España?


Desde dentro, y desde el resto de países occidentales, vemos a España como a un país que en pocos años ha pasado de ser receptor de inmigrantes, que podían encontrar aquí un trabajo y una forma de vida digna, a un país que, como en años de dictadura, ha vuelto a ser testigo de la emigración de muchos ciudadanos que buscan fuera una oportunidad. Durante la primera  mitad de 2013, emigraron 259.227 residentes, de los cuales el 15,3% tenían nacionalidad española, según datos del INE. Al cierre de 2013, la tasa de paro en España se situaba en el 25,8%, y en enero de este año se han registrado 113.097 parados más.

Aun así, a pesar de la destrucción de empleo y del aumento de la desigualdad, muchas personas siguen intentando llegar a este rincón de Europa con la esperanza de luchar por una vida más justa. Sobre todo, vienen desde el África subsahariana e intentan cumplir su objetivo entrando desde las costas de Ceuta y Melilla. Durante todo el año pasado, 4.354 inmigrantes lo consiguieron, aunque no fácilmente. No es necesario recordar las dificultades con las que se encuentran en las custodiadas fronteras. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en su informe de 2013 sobre vulneraciones de derechos humanos, indica que en 2012 perdieron la vida, intentando llegar a España desde las costas andaluzas, 225 personas.

Pero la tragedia para los que se arriesgan no acaba ahí, quienes logran entrar a España persiguiendo el ‘bienestar’ europeo, se topan con que la forma de vida que les atrajo hasta aquí no siempre es accesible para ellos. ‘Ellos’, los débiles, los pobres, a los que siempre se ataca.

Al llegar a Melilla o a Ceuta, los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), dependientes de Ministerio de Empleo y en funcionamiento desde el año 1999 y 2000 respectivamente, están destinados a acoger y ofrecer las prestaciones sociales básicas a los recién llegados, que esperan que el Gobierno decida su expulsión o acepte su entrada. Además de la atención humanitaria básica, en los CETI los inmigrantes deben disponer de un servicio de asesoramiento legal y servicios formativos, como actividades culturales, charlas informativas o cursos de español. El tiempo máximo de residencia en estos centros es de 19 meses y quienes se alojan allí tienen libertad para salir.

Fachada del CIE de Barcelona.
Fuente: publico.es
No sucede lo mismo en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que están destinados a reclutar a los inmigrantes, no pertenecientes a la Unión Europea, sobre los que se haya ordenado su expulsión por encontrarse en situación irregular. En España hay un total de 9 CIEs, que son competencia del Ministerio de Interior y cuyo funcionamiento regula la Ley Orgánica 14/2003 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Aunque estos centros son legalmente reconocidos como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario”, la realidad que podemos conocer muestra que para los extranjeros retenidos se asemejan a una prisión.

Distintas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos llevan años denunciando la falta de transparencia de estos centros. En 2008, la APDHA publicaba que “si en la mayor parte de las prisiones ‘penales’ se permite el acceso de ONGs y medios de comunicación, tal acceso está totalmente prohibido en el caso de los CIE, lo que pone en evidencia su condición más represiva que la de las propias prisiones”.

¿Por qué y cómo se ingresa en un CIE?

El juez puede ordenar el ingreso de un extranjero en un centro de estas características en caso de denegarse su entrada en España y previa solicitud de expulsión por parte del Ministerio de Interior o de la unidad de extranjería de la Policía Nacional. La orden judicial debe realizarse tras la audiencia del afectado, algo que, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), se incumple con frecuencia. El tiempo máximo de permanencia establecido para estos centros es de 60 días y los residentes son privados de libertad a la espera de su deportación.

Según la norma, los extranjeros que son trasladados a un CIE tienen derecho a ser asistidos por abogado e intérprete; a ser informados de su situación; a que se vele por su integridad física y su salud y se preserve su dignidad e intimidad, sin que puedan ser sometidos, en ningún caso, a malos tratos; también tienen derecho a recibir auxilio sanitario por parte de los servicios de asistencia médica interna de los CIEs. Pero, ¿quién les asegura la ejecución de estos derechos?

En enero supimos de la existencia, por su muerte, de Samba Martine. La congoleña ingresó en el CIE de Madrid en noviembre de 2011 y tras permanecer allí poco más de un mes con escasa asistencia médica, el 19 de diciembre fue trasladada a un Hospital, donde ya no pudieron salvar su vida. El mes pasado, la Audiencia Provincial de Madrid solicitó la reapertura del caso, con el objetivo de “esclarecer las causas del fallecimiento”. Samba Marine tenía SIDA y desde el primer momento mostró síntomas de enfermedad, pero los médicos de los que dependía estando recluida no se la detectaron.

Protestas frente al CIE de Madrid
Fuente: publico.es
En los últimos años, la de Martine no ha sido la única muerte que arroja sobre los CIEs la sombra de la sospecha. El pasado 3 de diciembre falleció en el CIE de Barcelona el armenio Aramis Manukyan, el Cuerpo Nacional de Policía informó de que se había suicidado. Según publicaba eldiario.es dos días después, algunos internos fueron testigos de cómo Alik, como le solían llamar, fue apaleado por los policías y trasladado a una celda de aislamiento. En testimonios recogidos por publico.es, un compañero de Alik explicaba que “los forenses dijeron que la causa del fallecimiento fue la asfixia, pero, para hablar de un suicidio, hay detalles que no cuadran: en la celdas las paredes son lisas, el techo alto, ¿cómo se ha ahorcado?".

Además, se indica que dos de los testigos llamados a declarar por la muerte de Alik fueron deportados antes de poder hacerlo, una técnica recurrente al parecer; “Muchas veces, las víctimas de agresiones en el CIE denuncian y, mientras esperan a declarar ante el juez, se les expulsa del país”. En el CIE de Barcelona, la justicia está investigando varios casos de denuncia por maltrato físico a manos de los policías. La APDHA, en su informe de 2013, establece que los CIEs son un “caso flagrante de violación de derechos” y pide que se cierre el Centro de Algeciras-Tarifa, “dadas sus lamentables condiciones materiales, que han sido reiteradamente criticadas desde el ámbito institucional y por los colectivos sociales”.

Los CIE en Europa

En toda la UE hay más de 300 Centros de Internamiento de Extranjeros. La directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 2008/115/CE, dice que “el recurso al internamiento a efectos de expulsión se debe limitar y supeditar al principio de proporcionalidad por lo que se refiere a los medios utilizados y a los objetivos perseguidos”, y añade que “sólo se justifica el internamiento para preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión si la aplicación de medidas menos coercitivas no es suficiente”. Esto quiere decir que el recurso al reclutamiento en un CIE, que conlleva la privación de libertad, no debe ser el principal cuando se trata de regular la inmigración. Pero, ya en 2008, la APDHA denunciaba que la práctica habitual en la UE para combatir la inmigración ilegal se basa en la construcción de CIEs. “El encierro de inmigrantes está en trance de convertirse en sistema, en cuadro básico de la armonización europea para las migraciones”.

La campaña por el cierre de los CIE promovida por el centro de documentación sobre racismo y xenofobia (MUGAK), denunciaba el pasado 12 de febrero los vuelos que el Gobierno tenía previstos para el día siguiente. Vuelos de deportación de inmigrantes senegaleses que, según MUGAK, se realizan regularmente cada dos meses. La Asociación vasca denuncia también la “necesaria complicidad de los países de origen para que se puedan producir las deportaciones”.

La respuesta gubernamental

Frente a la denuncia de deportaciones ilegales y de la dinámica de los Centros de Internamiento, por parte de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, el Ministro de Interior aclaró el pasado día 13 que la vida o muerte de los migrantes no le importa, aunque sea de su competencia. Y el presidente de Melilla y senador popular, Juan José Imbroda, ha defendido este mismo martes una reforma de la ley de Extranjería que permita expulsar más fácilmente a los extranjeros que vienen desde Marruecos. 

Ayer, Jorge Fernández Díaz se reunió en París con el ministro de interior marroquí, Mohamed Hassad, con el objetivo de actuar sobre los hechos ocurridos en Ceuta, las 15 muertes. ¿Cómo? Lo que buscan no es evitar episodios como este dando un trato más humano a todos dentro y fuera de las fronteras, sino que Fernández Díaz propuso a Hassad un acuerdo que permita la devolución inmediata a Marruecos de los inmigrantes que lleguen a Ceuta y Melilla. Quieren reforzar el Acuerdo de Readmisión hispano-marroquí firmado en 1992, y en vigor desde finales de 2012, con más ‘Equipos Conjuntos de Investigación en materia de inmigración irregular’.

1 comentario:

  1. Bien escrito. Srta. Tania. me gustan tus articulos.

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