El ahora llamado ICS,
antes ISDS, que incluye el TTIP es un mecanismo de "solución de
controversias" entre grandes empresas inversoras y Estados. El tribunal internacional
que se crearía con la aceptación del ICS, intervendría en caso de que un Estado
apruebe una norma que haga perder beneficios a una empresa extranjera.
Un reciente informe firmado por 15 organizaciones europeas, expone por qué la inclusión de un sistema jurídico internacional en
el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), es una amenaza para la democracia y la
soberanía de los gobiernos nacionales.
El ahora llamado ICS (Investment Court System), antes ISDS (Investor-state dispute settlement), que incluye el TTIP es un mecanismo de "solución de controversias" entre grandes empresas inversoras y Estados.
Este sistema implica la
creación de un tribunal internacional al que las multinacionales podrían
acudir para demandar a los Estados que, por cambios en las políticas
públicas, puedan perjudicar sus beneficios.
La Comisión Europea (CE) ha presentado el ICS como un nuevo sistema que protege el derecho de regulación de los gobiernos. Pero lo que las organizaciones quieren dejar claro con el citado informe, es que la acción de la CE ha sido más bien un cambio de siglas, para que se acepte la creación de un tribunal internacional en el marco del TTIP.
El informe se ha presentado como respuesta a la Comisión Europea que, ante el rechazo del ISDS por parte de todos los Estados de la UE, lo cambió por el actual ICS. Las organizaciones firmantes explican que sigue siendo lo mismo: permitir que las multinacionales tengan el poder de esquivar las leyes nacionales que les limitan la generación de beneficios económicos. Por eso señalan al ICS como el 'ISDS zombi'.
¿Cómo actuaría un tribunal internacional dentro del TTIP?
El tribunal internacional que se crearía con la aceptación del ICS, intervendría en caso de que un Estado apruebe una norma que haga perder beneficios a una empresa extranjera, de manera que aquel tenga que compensar las pérdidas económicas de esta.
El informe recuerda que, en los últimos 20 años, se han dado casos de demandas de miles de millones por supuestos daños a los beneficios de grandes compañías causados por medidas de interés público.
Por esta dinámica, gobiernos de todo el mundo habrían visto limitada su capacidad para llevar a cabo regulaciones relacionadas con leyes anti-tabaco, el uso de sustancias químicas, la estabilidad financiera o medias contra la discriminación.
En el caso de gobiernos de Estados miembro de la UE, según se expone en el informe que publican 15 organizaciones, "el 60% de las demandas han estado relacionadas con el medio ambiente".
En definitiva, la propuesta de la CE que atiende a las siglas ICS, desprotege a los Estados ante la posibilidad de enfrentarse a demandas de empresas multinacionales que reclamen compensaciones millonarias.
Pues las empresas podrían recurrir al tribunal internacional para reclamar compensaciones siempre que consideren que alguna nueva ley les puede generar pérdidas, inmediatas o futuras.
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