domingo, 23 de octubre de 2016

PP y CC ausentes en la reunión para implantar una ley de protección a denunciantes de corrupción

Este artículo se ha publicado en Información Sensible
Reunión de diputados con denunciantes de corrupción, el
portavozde Jueces para la Democracia y el presidente de
la Plataforma X la Honestidad
Los denunciantes de corrupción Ana Garrido Ramos y Luis Gonzalo Segura se han reunido junto a la Plataforma X la Honestidad  (PxH) con representantes de todos los partidos en el Congreso, a excepción de Coalición Canaria y el Partido Popular, el primero por no haber respondido a la invitación de PxH y el segundo porque, tras haber rechazado anteriores compromisos para atajar la corrupción y por ser el único partido imputado por esta causa, no ha sido invitado.


Tampoco ha acudido EH Bildu, que ha excusado su ausencia en la coincidencia de la reunión con la de la Comisión de Justicia.

Además del resto de partidos políticos, ha asistido y mostrado su apoyo a la pronta creación de una ley de protección para los denunciantes de corrupción (LPD) el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio González.




Sin dejar de recordar el apartidismo de la PxH, el presidente de la plataforma, Pedro Arancón, ha explicado que lo que se busca con estos encuentros es que “algo que nos une a todos, excepto a una minoría ausente, sirva para ponernos de acuerdo y presentar una propuesta conjunta”.

Todos los asistentes que han intervenido han apelado a la importancia de lograr la transparencia institucional que permita, en primer lugar, prevenir los abusos corruptos y, dado el caso, denunciar sin miedo a las represalias y a la indefensión.

Ana Garrido, exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y denunciante de Gürtel, ha recordado que la legislación actual obliga a los ciudadanos a denunciar la corrupción, pero que es un contrasentido que exista esa ley y sin embargo no haya otra que proteja al que la cumple. “Falta una ley complementaria”, ha dicho Garrido antes de añadir que a ella la “han castigado para dar una lección antipedagógica de lo que no debe hacer un ciudadano”. Pues las amenazas y presiones que ha sufrido, además de la pérdida de su puesto de trabajo, representan una amenaza del poder político hacia todos aquellos que piensen en atreverse a denunciar corrupción.

"Me ha llamado un trabajador del CNI que quiere denunciar corrupción"
La PxH recibe mensajes de trabajadores públicos que quieren denunciar corrupción y buscan en esta plataforma el apoyo para poder hacerlo. Garrido ha relatado que esta misma mañana ha recibido la llamada de un trabajador del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que quiere denunciar irregularidades de las que ha sido testigo. “No debería acudir a nosotros sino a la justicia”, ha defendido Garrido para insistir en la falta de independencia del poder judicial respecto del ejecutivo.

Además, Garrido se ha dirigido a los representantes políticos presentes para señalar cómo les beneficiaría una LPD: “Imaginaos todo lo que se podría hacer si las denuncias de corrupción fueran algo más fluido. Se podrían recuperar millones para los presupuestos públicos”.

Distintas instituciones, como la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC), han señalado que la corrupción cuesta a las arcas publicas alrededor de 48.000 millones de euros anuales.

El Congreso aprobó el pasado marzo la creación de una Comisión para la auditoría de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales del Congreso, cuyo presidente será el diputado de Ciudadanos por Valencia Toni Cantó, quien ha estado presente en la reunión de este martes para manifestar el interés de su partido en llevar la propuesta de la creación de una LPD a dicha Comisión. “Esperemos que la Comisión arranque a trabajar dentro de muy poquito, y en esa Comisión reclamaremos vuestra presencia (de la PxH) para que enriquezcáis las propuestas que sin duda haremos todos los partidos en torno a la figura del denunciante”, ha asegurado Cantó.

Ha intervenido también el diputado de Compromís Enric Bataller, defendiendo que la Comisión deberá recoger una “tutela completa” de la situación de los denunciantes de corrupción para poder llegar a una LPD de consenso y efectiva.

El denunciante de corrupción en el Ejército de Tierra, Luis Gonzalo Segura, que también perdió su trabajo al denunciar y cuya solicitud de admisión en el Ejército está en el Tribunal Supremo, ha denunciado que “los medios de comunicación se preocupan de los corruptos pero no de los denunciantes”. Recordando su experiencia, que le ha llevado a perder su estabilidad económica, su casa y su reputación, Segura ha defendido en nombre de los denunciantes que “no merecemos ser abandonados por los partidos políticos ni por los medios, y creo que por suerte esta es una situación que va a cambiar”.

El exteniente ha pedido tanto a medios como a partidos responsabilidad en este asunto, y ha contado que a él también le llegan mensajes de trabajadores públicos que quieren denunciar irregularidades. “Tengo 1.014 mensajes en el correo de personas que quieren denunciar corrupción y no se atreven”. Además, Segura ha denunciado que en España siga existiendo la justicia militar, “un anacronismo”, ha dicho, por el que él fue encerrado 139 días en un centro disciplinario sin que lo dictara un juez.

JpD: “Son necesarios juzgados especializados en delincuencia económica y en la lucha contra la corrupción”

“Las experiencias de Ana y Luis justifican de sobra nuestra presencia aquí”, ha dicho el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González, que durante su intervención, además de defender la necesidad de dar protección legal a los denunciantes de corrupción, ha dicho en nombre de la Asociación que representa que son necesarias más medidas para combatir la corrupción estructural que sufrimos en España.

“Hay que perseguir y castigar a los condenados por delitos de corrupción. Hay que conseguir una mayor agravación de las penas para que puedan disuadir a cualquiera que pueda cometer delitos de corrupción. También reclamamos mayores medios materiales y económicos en la lucha contra esta lacra. Entendemos que son necesarios juzgados especializados en delincuencia económica y en la lucha contra la corrupción y, además, es necesaria una mayor formación y especialización de los jueces porque las tramas delictivas son mucho más complejas de lo que es el derecho penal de la parte general”.

La  diputada por Esquerra Republicana de Cataluña Ester Capella ha intervenido para manifestar su apoyo a la protección de los denunciantes así como su confianza en que en este ámbito, “hay un amplio consenso que trasciende a los partidos y que debe abarcar la mayor parte del arco parlamentario”. En la misma línea ha hablado Artemi Rallo (PSOE), que ha trasladado la intención de su partido de llevar a la Comisión que presidirá Cantó una iniciativa legislativa específica.

“Está muy bien que haya acuerdo de parte de todos los partidos, pero lo que hay que hacer es empezar a trabajar urgentemente”

El diputado por Podemos Juan Pedro Yllanes, que en otras ocasiones se ha reunido con la PxH para tratar cómo debe ser la LPD, ha hablado en nombre del grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y ha dicho que tiene ya preparadas propuestas para sacar adelante esa ley que mejorará y completará el anteproyecto presentado por la PxH.

Dirigiéndose a sus compañeros parlamentarios, Yllanes ha declarado que “está muy bien que haya acuerdo y voluntad de parte de todos los partidos, pero lo que hay que hacer es empezar a trabajar urgentemente”. El representante de Podemos ha defendido que “la única manera de que nos desvinculemos del poder legislativo y ejecutivo es judicializar todo el trámite de denunciantes de corrupción” y, como ejemplo de que sacar una ley de consenso es posible, Yllanes ha recordado cómo se sacó adelante la Ley Orgánica de Protección Integral a las Victimas de la Violencia de Género.

Mostrando su apoyo a la iniciativa han intervenido también Jaume Mollá (En Comú Podem), Lourdes Ciuró (Partido Demócrata Catalán), Gorka Maneiro (UPyD), Pedro María Azpiazu (PNV) y Ricardo Sixto (IU).

Tras las declaraciones, el presidente de PxH, Pedro Arancón, ha insistido en que la LPD deberá implantarse con carácter retroactivo. De manera que no solo sirva para que los que deban hacerlo denuncien, sino también para que se haga justicia, aunque tarde, a denunciantes como Ana y Luis. Ya que gracias a ellos hoy hay más de 30 corruptos sentados en el banquillo, y gracias a ellos hablamos de la posible implantación de una ley que es de justicia para todos los ciudadanos.

La valoración de Ana Garrido tras escuchar a los representantes de los distintos partidos ha sido “muy positiva por un lado”, pero ha dicho haber detectado “algunas incongruencias por parte de algunos partidos”, por lo que ha pedido coherencia para que la voluntad no quede en palabras. “Tenemos un plazo”, ha dicho Garrido al anunciar que el próximo 16 de noviembre acudirá como invitada al Parlamento Europeo para exponer allí las medidas que para proteger a los denunciantes de corrupción se están tomando en España.

Esta semana, todos los partidos asistentes a la reunión serán emplazados por la PxH para asistir el mes que viene a un próximo encuentro para el que se pide que los servicios jurídicos de cada partido trabajen en propuestas concretas a incluir en la LPD.


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