Este artículo se publicó en El Diario Fénix, digital activo hasta abril de 2017
La secretaria de la FSC en CCOO,
Carmen López y la secretaria de empleo
de CCOO en CLM, Lola Santillana
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Se privatiza parte del Servicio
Público de empleo en Castilla-La Mancha, donde la cifra de parados en 2013 se
acerca a 260.000.
El pasado 3 diciembre, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó la salida a concurso de la evaluación de la empleabilidad de los ciudadanos en paro de la región. La función de la empresa a la que le sea adjudicado el servicio será decidir, mediante la realización de cuestionarios online o entrevistas, la disposición a trabajar de los ciudadanos desemplados. El ente privado cobrará 1,2 millones de euros al año por este servicio.
Esta decisión, por parte del
Gobierno de la región, supone sustituir a empleados públicos, orientadores
laborales encargados del cómputo de los parados, por una
empresa cuyo criterio para ello será el de seguir las directrices del Gobierno
catellano-manchego. De esos orientadores
laborales, 188 ya fueron despedidos
entre junio y diciembre de 2012, y otros 88 en enero de este año. La secretaria
de empleo de CCOO en Castilla-La Mancha, Lola Santillana, ha dicho esta semana
que está abierta la posibilidad de reincorporación de esos 88 trabajadores, a
la espera de que los tribunales anulen sus ceses.
Además, sobre la iniciativa de
Cospedal, ha dicho Santillana que, lejos de ayudar a los parados en su búsqueda
de empleo, lo que pretende es “introducir
nuevos requisitos y mecanismos de cómputo para maquillar las cifras de personas
en paro”. El número de desempleados en CLM ha alcanzado este mes de diciembre
los 258.725. La secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía
(FSC) en CCOO, Carmen López, ha
criticado por el mismo motivo esta nueva iniciativa privatizadora, la cual
considera una muestra de abandono de competencias por parte del Gobierno de
CLM.
Sobre las tendencias privatizadoras
y el desmantelamiento de lo público que se está viendo en los últimos años, con
la consiguiente pérdida de función social del Estado, el alcalde de Cuenca, Juan
Ávila, considera que lo que falta es regulación. Porque no es nada nuevo que la
derecha procure la externalización de servicios, “los conservadores siempre han
seguido este modelo. Que los servicios públicos pasen por la iniciativa privada”.
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