Este reportaje se publicó en El Diario Fénix, digital activo hasta abril de 2017
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| Manifestación en apoyo al derecho a decidir de la mujer |
Con la reforma de
Gallardón, el aborto será un derecho y una decisión de la mujer únicamente en
caso de violación o cuando exista riesgo grave sobre la vida. Y, aun así, se
exigen ciertas condiciones que actúan como elementos de presión para la mujer.
La interrupción voluntaria
del embarazo dejó de considerarse un delito en España en 1985. La Ley Orgánica
9/1985 permitía el aborto a lo largo de todo el periodo de gestación en caso de
que la vida o la salud de la mujer se encontrara en peligro; el requisito era
un informe médico que corroborase dicha situación y que el médico firmante no
fuera el mismo que el responsable de hacer efectivo el aborto. Se limitaba el
plazo hasta las primeras 22 semanas, siendo necesario también el informe de un
segundo médico, en caso de que el feto mostrara graves minusvalías psíquicas o
físicas. En el supuesto de violación, se establecía que la mujer podía abortar
en las primeras 12 semanas y habiendo denunciado los hechos.
Tras 25 años con esta
regulación, en 2010 entro en vigor la Ley 3/2010 de Salud Sexual e Interrupción
Voluntaria del Embarazo, que permitía la libre decisión de la mujer afectada
hasta la semana 14 de gestación, con el requisito de haber sido informada
previamente sobre las ayudas públicas de apoyo a la maternidad. En caso de que
existiera riesgo para la vida o la salud de la mujer, se permitía la
interrupción del embarazo hasta la semana 22; siendo necesarios dos informes
médicos emitidos por profesionales ajenos al que fuera a practicar el aborto.
El mismo quedaba exento de plazo si se detectaban “anomalías fetales
incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable
confirmada por un comité clínico”.
En 2011, la reforma de
esta Ley fue anunciada por el Partido Popular en su programa electoral y
durante estos dos años trascurridos antes de su aprobación, el Gobierno ha
tenido tiempo de escuchar el inconformismo de muchas mujeres al respecto. Pero
finalmente el anteproyecto de reforma, planteada por el Ministerio de Justicia,
fue aprobado este viernes, desoyendo la opinión de gran parte de la población y
atendiendo el deseo de los sectores más conservadores. El pasado mes de abril,
El País publicó que, según los resultados de un sondeo realizado por
Metroscopia, el 46% de los encuestados se posicionó a favor de mantener la
regulación de 2010. Gallardón ha apoyado la defensa de la reforma, además de en
la inclusión de la misma en el programa electoral que ganó las elecciones, en
la aplicación de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985, que
establece que el no nacido también tiene derechos. Pero, ¿dónde deja a la mujer
este argumento?
“Nadie podía ponerse en mi
lugar”
Rosa, de 24 años, pasó por
la experiencia de interrumpir su embarazo cuando tenía 21, en 2010. Cuando se
enteró de su estado estaba ya de 15
semanas y su madre le aconsejó ir directamente a una clínica privada, ya que
por no haber ninguna razón de urgencia la sanidad pública no habría admitido la
interrupción inmediata. Rosa, disgustada al recordar ese momento, nos cuenta
que ella tenía claro que no quería ser madre porque acababa de empezar su
carrera y su pareja estaba también estudiando, pero aún así asegura que fue una
decisión difícil, “me agobié porque ya eran casi cuatro meses y vi la
radiografía y de alguna manera me hacía sentir mal”. Su familia y su pareja la
apoyaron pero ella está convencida de que visto desde fuera es muy distinto,
“por eso la opinión de la gente no me importó, nadie podía ponerse en mi
lugar”. Recordando su experiencia, Rosa nos revela que, aún teniendo muy clara
su decisión, después de abortar no se sentía bien, lo recuerda como “una
experiencia traumática, que ahora tengo claro que si me volviese a pasar no
repetiría”. Desde su perspectiva, recomienda más precaución y para eso es
importante que se enseñe más educación sexual en los colegios e institutos.
La reforma llevada a cabo
por el Gobierno del PP es más estricta que las dos normativas anteriores,
estableciendo que la mujer podrá decidir interrumpir su embarazo hasta la
semana 22 en caso de que su vida corra peligro, con la condición de dos
informes médicos, o hasta la semana 12 si ha sido víctima de una violación,
habiendo denunciado previamente. Además, excluye el caso de malformación del
feto como motivo legal para abortar, estableciendo que, en su caso, serán
necesarios dos informes médicos que demuestren riesgo psíquico para la madre y
peligro para la supervivencia del hijo, debido a “anomalías fetales incompatibles
con la vida”.
Rosa, en total desacuerdo
con estos cambios, se pregunta “si en mi
caso esas hubieran sido las condiciones, ¿habría tenido que ser madre contra mi
voluntad?” Ella asegura que en el tema del aborto no hay que pensar tanto
en el feto como en la mujer que por él tendría que cambiar su vida. “Quizá
suene egoísta pero la mujer es la principal afectada y también hay que tener en
cuenta que, si ese hijo se tiene en contra de la voluntad de la madre, no podrá
darle al niño o niña el cariño que toda criatura necesita, o incluso podría
guardarle rencor por haber cambiado su vida a la fuerza”.
Un pacto contra la reforma
Frente a la presentación
del nuevo proyecto de ley, más de 150 organizaciones de mujeres se movilizaron
y elaboraron un pacto para que las
diputadas de todos los partidos con representación en el Parlamento votaran en
contra de la reforma, defendiendo que “sin libertad para decidir no hay
igualdad”. El pacto lo firmaron, hace unos días, las parlamentarias del PSOE,
BNG, IU, Amaiur y Nafarroa-Bai, que votaron en contra de la reforma promovida
por los populares.
El borrador de la nueva
ley se titula: Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de
la Mujer Embarazada. Me llama la atención que se hable de “mujer embarazada”,
porque parece que el Gobierno actual ve
una diferencia en que una mujer esté embarazada o no para que pueda decidir
sobre su propia vida. Sin duda, ésta le cambiará al ser madre, pero ella
sigue siendo la misma y, ante todo, una mujer, con derechos y libertades. Es
innegable la afirmación de Rosa de que ‘nadie puede ponerse en su lugar’, pues
cada mujer tiene su propio motivo para decidir no ser madre en un momento
determinado o no tener hijos en toda su vida.
Casi
la totalidad de los abortos en España se realizan en centro privados
Según datos de 2011,
emitidos por el Ministerio de Sanidad, en ese año se registraron 118.359
intervenciones para interrumpir un embarazo, y más del 97% de las mismas se
realizaron en centros privados. Al igual que Rosa y tantas mujeres en España,
Ana, de 20 años, ha acudido también a una clínica privada para abortar, pero su
experiencia es más reciente. Hace 10 días supo que se había quedado embarazada,
estaba de 6 semanas y a la primera persona a quien se lo dijo fue a su novio.
Confiesa que se lo ha contado a muy poca gente porque no quiere que la juzguen,
“yo soy la dueña de mi cuerpo y de mis decisiones y estoy segura de que, de
saberlo, la gente hablaría de mi situación sin conocerla”. Ana decidió hablar
con una amiga que había pasado por la misma experiencia hace año y medio, “me
aconsejó que fuera a una clínica privada porque, según ella, en la pública me
darían la pastilla para abortar pero no me harían un seguimiento de la
evolución”.
Y así lo hizo, aunque
asegura que no fue nada fácil, que pasó una noche sin dormir, planteándose si
era lo que de verdad quería, “en un principio habría preferido tenerlo, pero
pensando en mi situación, estudiando una carrera y dependiendo de mis padres,
no habría sido lo mejor para mi ni para el niño”. Ana, todavía muy afectada por
el mal trago, coincide con Rosa en que no volvería a repetir la experiencia, a
pesar de que a ella no le tuvieron que intervenir de la misma forma. Al estar
menos avanzada la gestación, en su caso han provocado el aborto a base de
píldoras, pero nos cuenta que aún así le hicieron daño, “solo de recordarlo me
saltan las lágrimas, me hurgaron… y aún sigo sangrando”. Nos explica que ya ha acudido
a una revisión y que en tres días tiene que volver para saber si tiene déficit
de hierro o de alguna vitamina que pueda perjudicar su salud. El requisito que
le han exigido es la firma de un informe psicológico, corroborando que han
pasado cuatro días desde que conoció su estado hasta que acudió a la clínica.
Habiendo pasado por esto
al tiempo que se levantaba la polémica sobre la reforma de ley del aborto, Ana
reclama indignada que “todos tenemos derecho a elegir y a nosotras nos lo están
anulando, este Gobierno está demostrando su tendencia machista”.
Los condicionantes, elementos
de presión contra la voluntad femenina
Como mujer, y escuchando
la opinión de mujeres que han conocido la experiencia del aborto, cabe decir
que todos estos condicionantes no hacen más que ejercer presión añadida a la
que ya siente cada una a la hora de decidir sobre su futuro. Porque en ningún
caso resulta una decisión fácil, y ninguna debería verse en la obligación de
acudir a una clínica privada, por sentir que por la vía pública no serán
bienvenidas ni no cumplen esos requisitos.
Además de las presiones
legales, que ahora se endurecen más que nunca, existen grupos contrarios al
aborto que llevan a cabo manifestaciones agresivas en las que llaman “asesinas”
a las mujeres. Basan sus razones en el derecho a la vida del no nacido, pero
nada saben acerca de las vidas de cada una de las mujeres que se encuentran una
situación complicada por quedarse embarazadas. Que se permitan estas presiones
es un signo de negación de la independencia de la mujer. Porque si existe
riesgo de atravesar una crisis psicológica tras el aborto, ellas lo saben mejor
que nadie y con su decisión asumen todas las consecuencias. Nadie, ni el
ministro de Justicia ni los grupos anti aborto radicales ni los médicos,
debería cuestionar la capacidad de ninguna mujer para valorar su propia situación
y seguir siendo dueña de la misma.
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