Europa y EEUU promueven normas que atentan contra la
libertad de expresión
Este es un trabajo realizado junto a Silvia Martínez Hellín, publicado en El Diario Fenix (digital activo hasta abril de 2017) el 10 de febrero de 2014
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| Fuente: eldiariofenix.com |
El próximo día 27, el Parlamento Europeo votará un
texto que pretende introducir una nueva regulación sobre el mercado de las telecomunicaciones.
El proyecto, presentado como ‘Propuesta para una regulación que establece
medidas para concluir el mercado único europeo de telecomunicaciones
electrónicas y para lograr un continente conectado’, es competencia de la
Comisión de Industria Investigación y Energía (ITRE) y se presentó al PE el
pasado mes de septiembre, con el apoyo de la comisaria de Agenda Digital y
Vicepresidenta de la Comisión, Neelie Kroes.
La propuesta impulsada por Kroes persigue autorizar el
suministro de los llamados Servicios de Calidad Garantizada, lo que provocaría
que las empresas con menos recursos económicos, que no puedan pagar a gigantes
como Google un servicio privilegiado, puedan quedar excluidas de la red en la
medida en que van perdiendo sus posibilidades de visibilidad ante los usuarios.
Esto permitiría que las grandes corporaciones proveedoras de Internet controlaran
casi el 100% de los contenidos de la red. La UE presenta con el nuevo texto un
intento de legalizar la violación de los principios de neutralidad de la red.
Chile y Holanda, pioneros en proteger la neutralidad
En cambio, en Chile, en agosto de 2010, quedó aprobada
la Ley nº 20.453 que “consagra el
principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de
internet”. La regulación chilena establece que los proveedores de servicios de
Internet “no podrán bloquear, interferir, discriminar o entorpecer en cualquier
forma la capacidad de cualquier usuario de Internet para acceder, utilizar,
enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio legítimo a
través de Internet” ni tampoco “realizar ninguna actividad que restrinja la
libertad de los usuarios para el uso de los contenidos o servicios dispuestos
en Internet”. Además, con esta regulación sobre los usos de la red, se exige a
los proveedores la oferta de un servicio
de acceso para todos “que no distinga contenidos, aplicaciones o servicios
basados en la fuente de origen del mismo o de la propiedad de estos”.
También la legislación holandesa ampara el principio de
neutralidad de la red desde mayo de 2012, cuando adoptó varias disposiciones
dirigidas a proteger a los usuarios frente al control de los contenidos
por parte de los proveedores de servicio de Internet. Así, garantiza un
tratamiento equitativo a todos los contenidos, sin discriminación de fuente,
plataforma o posibles receptores.
A nivel europeo, ya en septiembre de 2012, la
Asociación Europea de Operadores de Redes de Telecomunicaciones (ETNO) planteó
enmiendas al tratado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, buscando
poder establecer una “calidad de servicio diferenciada”.
La eurodiputada española encargada de intervenir en la
decisión que se tomará el 27 de este mes, sobre el futuro de la neutralidad de
la red, es Pilar del Castillo Vera, miembro de la ITRE y del Partido Popular
Europeo. El Informe del PE, sobre la Liberación
del potencial de la computación en nube en Europa, de 24 de octubre de 2013, advierte de que “las PYME son el núcleo de la
economía de la UE y son necesarias más acciones para fomentar la competitividad
global de las PYME de la UE y para crear el mejor entorno posible para la
incorporación de nuevos avances tecnológicos prometedores, tales como la
computación en la nube, que pueden tener una repercusión enorme en la
competitividad de las empresas de la UE”.
La resolución de este informe, de 10
de diciembre de 2013, destaca aspectos como que “los servicios en la nube deben
ofrecer seguridad y fiabilidad adecuadas a los riesgos crecientes que se
derivan de la concentración de datos e información en manos de un número
limitado de proveedores”. Además, se recuerda que “el Derecho de la Unión debe
ser neutral y, a falta de razones imperiosas de interés general, no debe
adaptarse ni para facilitar ni para entorpecer ningún modelo de negocio o
servicio legales”. En este informe, Pilar del Castillo Vera admite que, con el
nuevo proyecto, “la calidad general del acceso a Internet” resultaría
legalmente perjudicada.
La UE y EEUU apuestan por la discriminación en el
acceso
Para el ataque a la neutralidad e igualdad de
oportunidades en el uso de Internet, la UE cuenta con el apoyo de EEUU. Allí,
el pasado 14 de enero, un tribunal federal derogó una norma de 2010 por la que
la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) regulaba el cumplimiento del
principio de neutralidad por parte de los proveedores de servicios, asegurando
que no dieran preferencia a determinados contenidos. Ahora, el tribunal ha
cambiado de opinión, argumentando que los servicios de Internet no tienen por
qué ser protegidos por la FCC porque el acceso a la Banda Ancha no es un “servicio
básico”.
Con estas nuevas regulaciones, los proveedores de banda ancha podrán
establecer diferentes precios para los usuarios en función del contenido, y no
solo de la velocidad. Y los gigantes de las telecomunicaciones, como Verizon,
Vodafone y Telefónica, permitirían a las empresas proveedoras de contenido
pagar por la contratación de servicios web de sus clientes. De esta forma, las grandes empresas de
telecomunicaciones y contenido determinarían casi la totalidad de la
programación disponible. Y las grandes perjudicadas serían las llamadas
startups, las nuevas empresas con grandes posibilidades de crecimiento y que,
relacionadas con el mundo de las TICs, suelen contar con un fuerte componente
tecnológico. Estas empresas, al necesitar servirse de la banda ancha para
extender sus servicios, aun con las mejores ideas, si no cuentan con recursos
para obtener de los proveedores de servicio paquetes patrocinados, estarán en
desventaja competitiva con las más grandes.
Según Sarah Morris,
abogada del Instituto de Tecnologías Abiertas del centro de estudios New
America Foundation, con la derogación de la norma del FCC, "los
proveedores de Internet tienen capacidad para definir cómo y cuándo accedemos a
los contenidos sin que nadie les vigile. Ahora pueden cobrar más a páginas web
por llegar a usuarios finales, bloquear contenidos completamente o hacer más
lento el acceso a unas páginas que a otras".
Neutralidad en la red y libertad de expresión
Ante el impulso de estas prácticas discriminatorias, la
eurodiputada holandesa Marietje Schaake defendió en un informe, publicado
en octubre del año pasado, que es necesario evitar que los gigantes de las
Telecomunicaciones e Internet abusen de su poder, menospreciando el interés
público. Desde plataformas como Avaaz se han impulsado
iniciativas ciudadanas de recogida de firmas para presionar al PE a que no
autorice los servicios diferenciados o “Servicios de Calidad Garantizada”.
Las
nuevas normas ponen en peligro la neutralidad en la red, la libertad de expresión
y, en consecuencia, la de prensa. Según un estudio realizado por Pew Research Center, Internet se está consolidando como el medio en el que se
distribuyen y consumen las noticias: “el 50% de los estadounidenses citan
Internet como su “principal fuente de noticias nacionales e internacionales y en
los jóvenes el número es del 71%”. Datos como estos muestran la necesidad de la
neutralidad en la red para el ejercicio del periodismo. Porque leyes como la de
“Servicios de Calidad Garantizada” dejarían la puerta abierta para que grandes
empresas de comunicación se posicionen como fuentes de información
prioritarias, obstaculizando a otros medios que funcionarían como fuentes
alternativas de noticias. Perjudicando así el derecho de información de los
ciudadanos.
El doble filo de la red de redes
Gracias a Tim Berners-Lee, quién disparó el uso de la
red y lo acercó a la vida doméstica con la creación de la World Wide Web en
1989, Internet permite unas posibilidades informativas infinitas y una
interacción constante de los ciudadanos. Algunas de las mayores movilizaciones
ciudadanas defensoras de los derechos sociales se han impulsado desde la red.
Por ejemplo, movimientos ciudadanos como el 15-M en España o la primavera árabe
fueron impulsados por Internet. Las redes sociales actuaron como un altavoz de
la ciudadanía, transmitiendo las reivindicaciones de los manifestantes. Twitter
o Facebook no sólo fueron escenarios de emisión de las protestas sino también
de recepción, permitiendo a ciudadanos de otros países seguir las
movilizaciones. La red se estableció como un instrumento democratizador. Esta
es la parte positiva de la WWW, cuyo valor, según su propio creador, es acercar
a cada ciudadano en particular la posibilidad de consumir y crear información
desde un ordenador.
Por tanto, Internet se presenta como un arma de doble
filo, puede mejorar o empeorar la libertad de expresión. Son muchos los usos de
la red de redes que favorecen la democratización, pero también se están
llevando a cabo mecanismos de control por parte de los gobiernos y las grandes
empresas. No sólo existe censura y se vigila en países con regímenes
dictatoriales, sino que en países democráticos como Estados Unidos o en el
conjunto de la Unión Europea se están llevando a cabo prácticas que oprimen
derechos fundamentales como la libertad de expresión.
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