Este es un trabajo realizado junto a Silvia Martínez Hellín, publicado en El Diario Fénix (digital activo hasta abril de 2017) el 14 de marzo de 2014.
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| Manifestación, el 20 de diciembre de 2013, contra la reforma de ley del aborto. Fuente: EFE |
La
iniciativa del Gobierno para reformar la legislación sobre el aborto, ha
causado una oleada de reacciones en contra por parte de partidos políticos, colectivos,
asociaciones y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Debido a que el
nuevo proyecto de Ley Orgánica, de Protección de los Derechos del Concebido y
de la Mujer Embarazada, restringe los derechos de la mujer, como ya informó EDF.
Aún
así, y tras la petición socialista de retirada del texto de anteproyecto, el
pasado 11 de febrero la reforma impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
superó el trámite de votación secreta en el Congreso. La propuesta realizada
por el PSOE fue rechazada por 183 votos, 151 a favor y 6 abstenciones.
Amnistía
Internacional contra la reforma de Ley Orgánica del Aborto
También
Amnistía Internacional intentó frenar la iniciativa de Gallardón, enviando al
ministro, el pasado 20 de febrero, una carta en la que se solicitaba una
reunión para debatir la retirada del proyecto, por impedir este el acceso de
mujeres y niñas a servicios de aborto seguro y legal. “Esta reforma
podría causar un aumento en el número de mujeres y niñas que recurren a
procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en
riesgo su salud, y hasta su vida. Además, limita el derecho de las mujeres y
niñas a tomar decisiones por sí mismas y restringe su autonomía” afirma Jezerca
Tigani, directora adjunta para Europa de Amnistía Internacional.
Tras
no obtener repuesta de la solicitud de reunión con el ministro Gallardón, el
pasado jueves Amnistía Internacional presentó la campaña Mi cuerpo, mis
derechos. Un proyecto en el que quieren poner énfasis para reivindicar el
respeto a los derechos sexuales y reproductivos, como derechos humanos
universales. En el caso de España, Amnistía internacional ha considerado que la
reforma de ley del aborto obliga a las mujeres a la clandestinidad para poder
decidir sobre sus vidas. Señalan que el proyecto de Gallardón es un intento
hacia la discriminación de la mujer y recuerdan que cada año, en todo el mundo,
se producen 47.000 muertes por abortos que no son debidamente tratados. Por
ello, Amnistía Internacional suma la lucha contra la reforma a su campaña Mi Cuerpo,
mis Derechos, mediante la cual se exige a los gobiernos que protejan los
derechos sexuales y reproductivos a través de su legislación. “La organización
pedirá a los gobiernos que reformen sus leyes y prácticas para garantizar que
se respetan, protegen y hacen efectivos los derechos sexuales y reproductivos de
todas las personas”, indica en su Web oficial.
¿Escuchará
el Gobierno la voz de las mujeres en España?
Admitido
a trámite, el texto del ministerio de Justicia, es ya un proyecto de Ley Orgánica
que el Gobierno, con su mayoría absoluta, podría negarse a modificar. La
jurista y profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de
Castilla-La Mancha, Ana Valero Heredia, estima que, dado el rechazo social a
esta reforma, el Gobierno considerará la modificación del texto. “Creo que el
supuesto de malformación del feto sí que se va a suprimir, porque la presión
social y política a nivel nacional e internacional está siendo muy grande, con
muchísimas campañas y manifestaciones por parte de los colectivos de mujeres y
de la sociedad civil en su conjunto”. Valero afirma ser optimista en este
sentido y, aunque Gallardón cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta, considera
que, “está en la recámara del Gobierno el frenar el tema de la malformación, mi
sensación es que ese supuesto va a desaparecer, porque muchas veces se proponen
máximos para después conseguir mínimos”.
De
ser así, la nueva reforma seguiría llevándonos a la ley de 1985, manteniendo
los supuestos por encima de los plazos para poder abortar. Recordamos que el
supuesto de malformación del feto establece que, en ese caso, serán necesarios
dos informes médicos que demuestren riesgo psíquico para la madre y peligro
para la supervivencia del hijo, debido a “anomalías fetales incompatibles con
la vida”. De suprimirse únicamente esta parte del texto, se mantendría que la
mujer sólo puede decidir interrumpir su embarazo hasta la semana 22 en caso de
que su vida corra peligro, con la condición de dos informes médicos, o hasta la
semana 12 si ha sido víctima de una violación, habiendo denunciado previamente.
Ana
Valero afirma estar totalmente en contra de esta clara restricción del derecho
a decidir de la mujer, “como mujer, en primer lugar, y como constitucionalista,
estoy totalmente en contra, creo que es una auténtica barbaridad, nos lleva
mucho más atrás de la primera ley del 85 y nos deja solos en Europa junto con
Polonia e Irlanda en la prohibición de practicar el aborto”.
España
más cerca de Polonia, Malta e Irlanda, países que prohíben el aborto
Polonia
es uno de los pocos países de la Unión Europea cuya legislación recoge la
ilegalidad del aborto, incluso para aquellas mujeres que hayan sido víctimas de
violación o sus fetos presenten anomalías. La ley polaca da lugar a que se
lleven a cabo prácticas ilegales para abortar, que ponen en peligro la salud de
la mujer. Según publica Eldiario.es, “en
el país polaco, menos de 200 abortos legales son realizados anualmente, frente
a estimación de entre 80.000-200.000 abortos ilegales”.
La
legislación de Malta prohíbe el aborto en todos los supuestos, incluso conlleva
penas de entre 18 y 3 años de prisión. En Irlanda sólo se permite la
interrupción del embarazo si existe “riesgo grave y sustancial” para la salud
de la mujer, prohibiendo, también, el aborto en casos de violación o anomalías
del feto.
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