Este es un trabajo realizado junto a Silvia Martínez Hellín, publicado en El Diario Fénix (digital activo hasta abril de 2017) el 8 de abril de 2014
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| Manifestación en Madrid el 14 de abril de 2011. Fuente: http://foromemoriamadrid.blogspot.com.es/ |
“En
el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas
nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado” comunicaba Fernández de Córdoba, locutor
de Radio Nacional en Burgos, el 1 de abril de 1939. De esta forma, hace 75
años, terminaba uno de los acontecimientos que cambió la historia de España, la
Guerra Civil. Durante tres años, el país vivió la división de dos bandos,
republicanos y nacionales.
Víctimas en la memoria
de un país
La Guerra
Civil es uno de los tres acontecimientos más importantes de la historia
política de España, junto a la Transición democrática y la democracia actual. De
la encuesta realizada por el CIS en 2008, Memorias de la Guerra Civil y el Franquismo, extraemos una visión de cómo recuerdan los españoles su historia política.
Preguntados por la Guerra Civil, casi un 40% cree que de la misma fueron tan
responsables las derechas como las izquierdas. Aunque es significativo que una
mayoría de cerca del 30% afirma haber simpatizado más (ellos o su familia) con
el bando republicano. En relación al impacto de la guerra, el 75,4% de los
encuestados mayores de 65 años afirmó no haber sufrido ninguna consecuencia directa.
Aunque un 4% de ellos tuvo que esconderse, un 1,5% ingresó en prisión y un 1,4%
tuvo que salir de España. El recuerdo de la Guerra Civil sigue muy vivo en la
memoria de los españoles, según indica el 53,1% de encuestados que así lo
considera. La mitad de la población, atendiendo estos resultados, cree que los
restos de las víctimas que aún están enterrados en fosas comunes deberían
identificarse y ser trasladados a un cementerio.
La justicia argentina
se ocupa de la memoria histórica que reclaman los españoles
El
27 de diciembre de 2007 entró en vigor la Ley de la Memoria Histórica. Según lo
dispuesto por esta ley, se trata de “una iniciativa por la que se reconocen y
amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución
o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”. Según el CIS, un 29% de
los españoles considera que esta ley se refiere tanto a las víctimas de la
Guerra Civil como a las del franquismo.El 40,8% de la población afirma que esta
ley es una medida necesaria, pues la democracia tenía una deuda pendiente con
los crímenes que el Estado español franquista cometió contra los ciudadanos.
Aun
así, fue gracias a la querella presentada por un grupo de abogados argentinos,
en representación de los familiares de las víctimas, como en diciembre de 2011
la jueza argentina María Servini inició esta investigación. Tras constatar que en
España, a pesar de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, no existía una
causa encargada de investigar los crímenes de lesa humanidad sobre los que los
españoles siguen reclamando justicia. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica anunciaba el pasado viernes que según pudo
confirmar el promotor de la investigación que se está llevando a cabo en
Argentina, el abogado Carlos Slepoy, habrá nuevas imputaciones en la causa
abierta sobre los crímenes del franquismo, algunas de ellas para exministros de
Franco. Además, la jueza argentina María Servini se plantea viajar a España
para “tomar declaración, en sus propios domicilios, a aquellas personas que no
puedan trasladarse al consulado argentino".
Los crímenes del franquismo fueron exculpados por los políticos, que siguen evitando la justicia para los responsables
Es
como poco chocante que la violación de derechos humanos que se dio en España
durante la dictadura se esté investigando en el extranjero mientras quienes
deberían tomar responsabilidades aquí se lavan las manos. Fijándonos en los
resultados de la citada encuesta realizada por el CIS en 2008, la mayoría de
españoles cree que los crímenes cometidos durante el franquismo fueron exculpados
por los políticos de la Transición. Más del 88% confirma que mientras vivió
Franco la gente en España no expresaba su opinión por miedo a lo que pudiera pasar.
Pasados 33 años de la muerte del dictador, los españoles opinan que deben
asumirse responsabilidades por la represión ejercida. Además creen que fueron
los políticos de la Transición democrática los que decidieron no juzgar esa
violación de derechos, confiando menos en otros motivos como que pudieran
provocar nuevos conflictos entre los españoles o que los delitos hubieran
prescrito por el paso del tiempo.
Amnistía Internacional
y la ONU defienden la memoria de los desaparecidos
Tras
36 años de dictadura y 38 años de democracia, la memoria de las víctimas de la
Guerra Civil y el franquismo se mantiene, sobre todo, porque no se ha hecho
todavía justicia. Amnistía Internacional, en su informe El tiempo pasa, la impunidad permanece, presentado el pasado mes de
junio, destaca que en España no se están investigando los crímenes de derecho
internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Además la
organización, en una reunión con el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre
Desapariciones Forzadas el pasado septiembre, insistió en la ausencia de
investigación sobre las desapariciones forzadas ocurridas en España en el
pasado. Según la querella presentada, en 2006 ante la Audiencia Nacional,
114.266 personas desaparecieron entre 1936 y 1951.
A
su vez, el Grupo de Trabajo de la ONU señaló que “desde el retorno a la
democracia se han dado tímidos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la
reparación y la memoria frente a las desapariciones forzadas cometidas durante
la Guerra Civil y la dictadura”. Añadió que “estos avances se han logrado
gracias a iniciativas impulsadas o llevadas a cabo principal o exclusivamente
por familiares de las víctimas o por la sociedad civil. El Estado debería
asumir su responsabilidad para asegurar que estas iniciativas sean parte de una
política de Estado global, coherente y permanente”.
Pero
el Estado español sigue sin colaborar. El 27 de febrero de 2012, el Tribunal
Supremo dictó la sentencia 101/2012 que estableció la imposibilidad de
investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. El TS señaló que no
corresponde a los jueces españoles enjuiciar estos crímenes. Esta sentencia
resuelve la querella interpuesta por el sindicato “Manos Limpias” y la
Asociación Libertad e identidad al juez Baltasar Garzón por prevaricación
judicial.
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