Este artículo se publicó en El Diario Fénix, digital activo hasta abril de 2017
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Uno de los asuntos que nos
llevan a pensar esto es el anuncio del recorte en las becas Erasmus. Cuando ya
hace dos meses, si no más, que los estudiantes se han marchado al extranjero,
el ministro Wert revela nuevas condiciones, como haber obtenido la beca del
Ministerio el curso pasado, para conseguir la ayuda que permite a los españoles
completar sus estudios en el resto de Europa.
Pero esta vez el cambio de
última hora ha sido doble, en unas horas la nueva medida ha sido rectificada
porque la Comisión Europea ha dicho que España debería haber pensado y
anunciado ese cambio antes del comienzo del curso, pues así lo exige el
principio de retroactividad de la Ley. Y menos mal que los propios estudiantes
se han movilizado y han corrido la voz para que se conociera esta nueva medida
y se evitara su ejecución. Porque, aunque el ministro Wert diga que ha
rectificado por petición de Rajoy y algunos miembros más del equipo de
Gobierno, lo cierto es que cuesta creer que estos se hayan posicionando
en contra de esa decisión por el daño que iba a causar a los
estudiantes.
Lo que pasa es que las protestas han surtido efecto sobre todo porque Europa ha vuelto a ‘pegarnos el toque’, si no ¿por qué se ha llegado a anunciar ese recorte, 12 días después de que se firmara la orden del Ministerio?
Lo que pasa es que las protestas han surtido efecto sobre todo porque Europa ha vuelto a ‘pegarnos el toque’, si no ¿por qué se ha llegado a anunciar ese recorte, 12 días después de que se firmara la orden del Ministerio?
Me resulta más probable que el equipo de Gobierno haya decidido
dejar a Wert como ‘el malo’ en este asunto, antes que creer que gracias a
ellos, con Rajoy a la cabeza, los Erasmus no se van a quedar colgados. Pues,
eso sí lo saben, la imagen del Partido sale menos perjudicada si hay un solo
culpable que si lo son todos. Y, después de los cambios de última hora, me
queda la duda sobre cuánto dinero se va a destinar realmente a las becas.
Otro polémico despropósito
Las informaciones y
opiniones difundidas a diario sobre la doctrina Parot desde el pasado día 22,
cuando la etarra Inés del Río fue puesta en libertad, es algo que tanto a Rocio
como a mí nos ha tenido algo confundidas, porque ¿cuál es el verdadero problema
en este asunto? Resulta que, como ya hemos comentado, a raíz del caso de presos de ETA que, como
Henri Parot, estaban a punto de cumplir sus condenas, nuestro Tribunal Supremo
decidió que no tenían que salir de la cárcel. Esa decisión es la doctrina Parot.
De no haberse derogado, en ningún caso
presos como del Río o Juan Manuel Piriz[1]
habrían permanecido en prisión más tiempo del máximo legal que establece el
Código Penal (30 años según el CP de 1973 y 40 según del CP de 1995,
actualmente vigente). Pero entonces, ¿por qué tanto escándalo con que España, y
más concretamente su Gobierno, ha atentado contra los derechos de las
personas?
Pretender que alguien que
ha matado a inocentes o ha secuestrado y violado, pase en prisión el mayor
tiempo posible sin dar lugar a una reducción de condena -aunque no sé si es o
no justicia porque aquí entran en juego muchos factores[2]-,
desde luego siendo ese máximo 40 años no me parece ninguna locura. ¿El
problema? Que una vez más, en España se dijo: ‘el fin justifica los medios’.
Como en un ‘corre que te pillo’, se empezó a aplicar la llamada doctrina Parot
a presos que hacía años que habían sido condenados, como si el Tribunal Supremo
no supiera de la existencia del principio de retroactividad de la Ley.
Ahora la consecuencia de esa incoherencia es el miedo que genera en los ciudadanos la salida repentina de presos potencialmente peligrosos, y lo vergonzoso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intervenga dejando claro que España ha estado incumpliendo las normas del Estado de Derecho. Ese es el problema, la imagen de retroceso que proyecta España. Me imagino a un extranjero viendo una pieza informativa sobre la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, o un debate televisivo sobre este asunto, y diciendo: ‘pero, ¿en España qué les pasa?’
Ahora la consecuencia de esa incoherencia es el miedo que genera en los ciudadanos la salida repentina de presos potencialmente peligrosos, y lo vergonzoso de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos intervenga dejando claro que España ha estado incumpliendo las normas del Estado de Derecho. Ese es el problema, la imagen de retroceso que proyecta España. Me imagino a un extranjero viendo una pieza informativa sobre la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, o un debate televisivo sobre este asunto, y diciendo: ‘pero, ¿en España qué les pasa?’
Una "mentalidad del retroceso"
Rocio, que estudia
humanidades y de historia tiene mucho que enseñarme, me cuenta que lo que ella
ve es que en España reina una “mentalidad del retroceso”, porque las ideas
progresistas no han conseguido, a lo largo del último siglo, unirse hasta coger
fuerza para imponerse a las tendencias conservadoras. “Parece que aquí no se
hayan cometido tantas atrocidades como por ejemplo en Alemania, con la
dictadura, pero lo que pasa es que aquí se han suavizado siempre las cosas
hasta que una gran parte las acaba aceptando”, me decía.
Entonces, con esto de
que no se avanza, me acordé del tema de las formaciones políticas que en España hacen apología de la dictadura y el fascismo. En ese caso veíamos que la democracia ‘no militante’ de España
sirve para que las generaciones no progresen.
En los años que llevamos en
democracia se ha mantenido una estructura inadaptada a las necesidades
sociales, no tenemos nuestro propio modelo social, nuestra Constitución es el
resultado del carácter clasista de sus gobernantes. Este es el modelo de
España, de no separación de poderes y de leyes que buscan proteger a sus
creadores. Y lo que estamos viendo es que se trata de un modelo que no encaja
en nuestra generación, que no ha tomado las medidas a largo plazo necesarias
para equipararse al resto de Europa y evitar que los españoles nos sintamos inferiores y
lamentemos la penosa imagen que de nuestra cultura dejan los gobernantes.
[1] Tres días después de la salida de la
cárcel de Del Río, fue puesto en libertad otro etarra, Juan Manuel Piriz. Fue
condenado a un total de 61 años de cárcel y la sentencia de Estrasburgo ha
permitido su salida tras 29 años y 9 meses.
[2] Para poder decir si es justo o
no que a un preso se le conceda la reducción de condena por buenas conductas y
trabajos en la cárcel, tendríamos que tener en cuenta su posible
rehabilitación. Y aquí el asunto es otro: el control de los centros
penitenciarios y la ‘mini sociedad’ con la que se encuentran allí los presos.
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