Los CIE, un destino inesperado y trágico para los extranjeros
Este artículo se publicó en El Diario Fénix, digital activo hasta abril de 2017
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| Muchas personas siguen intentando llegar a España con la esperanza de luchar por una vida más justa. Fuente: 20minutos.es |
El Gobierno parece haberse
propuesto llevar al límite el recorte de derechos de los inmigrantes, de los
trabajadores, de los estafados por los bancos, de quienes tienen menos recursos
para pagar las necesidades básicas…pero aquí hablaremos concretamente del trato
a inmigrantes. ¿Qué les espera en España?
Desde dentro, y desde el
resto de países occidentales, vemos a España como a un país que en pocos años
ha pasado de ser receptor de inmigrantes, que podían encontrar aquí un trabajo
y una forma de vida digna, a un país que, como en años de dictadura, ha vuelto
a ser testigo de la emigración de muchos ciudadanos que buscan fuera una
oportunidad. Durante la primera mitad de
2013, emigraron 259.227 residentes, de los cuales el 15,3% tenían nacionalidad
española, según datos del INE. Al cierre de 2013, la tasa de paro en España se
situaba en el 25,8%, y en enero de este año se han registrado 113.097 parados
más.
Aun así, a pesar de la
destrucción de empleo y del aumento de la desigualdad, muchas personas siguen intentando
llegar a este rincón de Europa con la esperanza de luchar por una vida más
justa. Sobre todo, vienen desde el África subsahariana e intentan cumplir su
objetivo entrando desde las costas de Ceuta y Melilla. Durante todo el año
pasado, 4.354 inmigrantes lo consiguieron, aunque no fácilmente. No es
necesario recordar las dificultades con las que se encuentran en las
custodiadas fronteras. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA),
en su informe de 2013 sobre vulneraciones de derechos humanos, indica que en
2012 perdieron la vida, intentando llegar a España desde las costas andaluzas,
225 personas.
Pero la tragedia para los
que se arriesgan no acaba ahí, quienes logran entrar a España persiguiendo el
‘bienestar’ europeo, se topan con que la forma de vida que les atrajo hasta
aquí no siempre es accesible para ellos. ‘Ellos’, los débiles, los pobres, a
los que siempre se ataca.
Al llegar a Melilla o a
Ceuta, los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), dependientes de
Ministerio de Empleo y en funcionamiento desde el año 1999 y 2000
respectivamente, están destinados a acoger y ofrecer las prestaciones sociales
básicas a los recién llegados, que esperan que el Gobierno decida su expulsión
o acepte su entrada. Además de la atención humanitaria básica, en los CETI los
inmigrantes deben disponer de un servicio de asesoramiento legal y servicios
formativos, como actividades culturales, charlas informativas o cursos de
español. El tiempo máximo de residencia en estos centros es de 19 meses y
quienes se alojan allí tienen libertad para salir.
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| Fachada del CIE de Barcelona. Fuente: publico.es |
No sucede lo mismo en los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que están destinados a reclutar
a los inmigrantes, no pertenecientes a la Unión Europea, sobre los que se haya
ordenado su expulsión por encontrarse en situación irregular. En España hay un
total de 9 CIEs, que son competencia del Ministerio de Interior y cuyo
funcionamiento regula la Ley Orgánica 14/2003 sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social. Aunque estos centros son
legalmente reconocidos como “establecimientos públicos de carácter no
penitenciario”, la realidad que podemos conocer muestra que para los extranjeros
retenidos se asemejan a una prisión.
Distintas organizaciones
defensoras de los Derechos Humanos llevan años denunciando la falta de
transparencia de estos centros. En 2008, la APDHA publicaba que “si en la mayor
parte de las prisiones ‘penales’ se permite el acceso de ONGs y medios de
comunicación, tal acceso está totalmente prohibido en el caso de los CIE, lo
que pone en evidencia su condición más represiva que la de las propias
prisiones”.
¿Por qué y cómo se ingresa
en un CIE?
El juez puede ordenar el
ingreso de un extranjero en un centro de estas características en caso de
denegarse su entrada en España y previa solicitud de expulsión por parte del Ministerio
de Interior o de la unidad de extranjería de la Policía Nacional. La orden
judicial debe realizarse tras la audiencia del afectado, algo que, según la
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), se incumple con
frecuencia. El tiempo máximo de permanencia establecido para estos centros es
de 60 días y los residentes son privados de libertad a la espera de su
deportación.
Según la norma, los
extranjeros que son trasladados a un CIE tienen derecho a ser asistidos por
abogado e intérprete; a ser informados de su situación; a que se vele por su
integridad física y su salud y se preserve su dignidad e intimidad, sin que
puedan ser sometidos, en ningún caso, a malos tratos; también tienen derecho a
recibir auxilio sanitario por parte de los servicios de asistencia médica
interna de los CIEs. Pero, ¿quién les asegura la ejecución de estos derechos?
En enero supimos de la
existencia, por su muerte, de Samba Martine. La congoleña ingresó en el CIE de
Madrid en noviembre de 2011 y tras permanecer allí poco más de un mes con
escasa asistencia médica, el 19 de diciembre fue trasladada a un Hospital,
donde ya no pudieron salvar su vida. El mes pasado, la Audiencia Provincial de
Madrid solicitó la reapertura del caso, con el objetivo de “esclarecer las
causas del fallecimiento”. Samba Marine tenía SIDA y desde el primer momento
mostró síntomas de enfermedad, pero los médicos de los que dependía estando
recluida no se la detectaron.
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| Protestas frente al CIE de Madrid Fuente: publico.es |
En los últimos años, la de
Martine no ha sido la única muerte que arroja sobre los CIEs la sombra de la
sospecha. El pasado 3 de diciembre falleció en el CIE de Barcelona el armenio
Aramis Manukyan, el Cuerpo Nacional de Policía informó de que se había
suicidado. Según publicaba eldiario.es dos días después, algunos internos
fueron testigos de cómo Alik, como le solían llamar, fue apaleado por los
policías y trasladado a una celda de aislamiento. En testimonios recogidos por
publico.es, un compañero de Alik explicaba que “los forenses dijeron que la
causa del fallecimiento fue la asfixia, pero, para hablar de un suicidio, hay
detalles que no cuadran: en la celdas las paredes son lisas, el techo alto,
¿cómo se ha ahorcado?".
Además, se indica que dos
de los testigos llamados a declarar por la muerte de Alik fueron deportados
antes de poder hacerlo, una técnica recurrente al parecer; “Muchas veces, las
víctimas de agresiones en el CIE denuncian y, mientras esperan a declarar ante
el juez, se les expulsa del país”. En el CIE de Barcelona, la justicia está
investigando varios casos de denuncia por maltrato físico a manos de los
policías. La APDHA, en su informe de 2013, establece que los CIEs son un “caso
flagrante de violación de derechos” y pide que se cierre el Centro de
Algeciras-Tarifa, “dadas sus lamentables condiciones materiales, que han sido
reiteradamente criticadas desde el ámbito institucional y por los colectivos
sociales”.
Los CIE en Europa
En toda la UE hay más de
300 Centros de Internamiento de Extranjeros. La directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo, 2008/115/CE, dice que “el recurso al internamiento a
efectos de expulsión se debe limitar y supeditar al principio de
proporcionalidad por lo que se refiere a los medios utilizados y a los
objetivos perseguidos”, y añade que “sólo se justifica el internamiento para
preparar el retorno o llevar a cabo el proceso de expulsión si la aplicación de
medidas menos coercitivas no es suficiente”. Esto quiere decir que el recurso
al reclutamiento en un CIE, que conlleva la privación de libertad, no debe ser
el principal cuando se trata de regular la inmigración. Pero, ya en 2008, la
APDHA denunciaba que la práctica habitual en la UE para combatir la inmigración
ilegal se basa en la construcción de CIEs. “El encierro de inmigrantes está en
trance de convertirse en sistema, en cuadro básico de la armonización europea
para las migraciones”.
La campaña por el cierre
de los CIE promovida por el centro de documentación sobre racismo y xenofobia
(MUGAK), denunciaba el pasado 12 de febrero los vuelos que el Gobierno tenía
previstos para el día siguiente. Vuelos de deportación de inmigrantes senegaleses
que, según MUGAK, se realizan regularmente cada dos meses. La Asociación vasca
denuncia también la “necesaria complicidad de los países de origen para que se
puedan producir las deportaciones”.
La respuesta gubernamental
Frente a la denuncia de deportaciones
ilegales y de la dinámica de los Centros de Internamiento, por parte de organizaciones
defensoras de los Derechos Humanos, el Ministro de Interior aclaró el pasado
día 13 que la vida o muerte de los migrantes no le importa, aunque sea de su
competencia. Y el presidente de Melilla y senador popular, Juan José Imbroda,
ha defendido este mismo martes una reforma de la ley de Extranjería que permita
expulsar más fácilmente a los extranjeros que vienen desde Marruecos.
Ayer,
Jorge Fernández Díaz se reunió en París con el ministro de interior marroquí,
Mohamed Hassad, con el objetivo de actuar sobre los hechos ocurridos en Ceuta,
las 15 muertes. ¿Cómo? Lo que buscan no es evitar episodios como este dando un
trato más humano a todos dentro y fuera de las fronteras, sino que Fernández
Díaz propuso a Hassad un acuerdo que permita la devolución inmediata a
Marruecos de los inmigrantes que lleguen a Ceuta y Melilla. Quieren reforzar el
Acuerdo de Readmisión hispano-marroquí firmado en 1992, y en vigor desde
finales de 2012, con más ‘Equipos Conjuntos de Investigación en materia de
inmigración irregular’.
Bien escrito. Srta. Tania. me gustan tus articulos.
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